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TEMAS LEGALES (II)

Conforme al Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact Center de 2008, el permiso retribuido por accidente, enfermedad grave u hospitalización de familiar, no se extingue de forma automática por la simple alta hospitalaria

 Se interpone recurso de casación contra la sentencia que, resolviendo el conflicto colectivo planteado, declaró que los trabajadores a los que les es aplicable el Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact Center de 2008, sólo tienen derecho a percibir el permiso retribuido por accidente, enfermedad grave  u hospitalización de familiar mientras que éste se encuentra hospitalizado. El TS estima el recurso, pues entiende que la interpretación dada en la sentencia recurrida al art. 29.1 del citado convenio no es acertada, dado que tiene un carácter restrictivo de los derechos de los trabajadores.

 

Entiende el Alto Tribunal que la simple alta hospitalaria del familiar no conlleva de forma automática la extinción o finalización del permiso, puesto que habrá que atender al alcance o intensidad de la necesidad de atención y cuidados que el familiar enfermo requiera, tanto dentro como fuera de un centro hospitalario.

 

TRIBUNAL SUPREMO

 

Sala de lo Social

Sentencia de 21 de septiembre de 2010

 

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 84/2009

 

Ponente Excmo. Sr. JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ

 

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Septiembre de dos mil diez.

 

Vistos los autos pendientes ante la Sala en virtud de recurso de casación interpuesto en nombre de UNION GENERAL DE TRABAJADORES -UGT-; CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO -CGT-, y UNION SINDICAL OBRERA  -USO-, contra sentencia de fecha 20 de abril de 2009 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en el procedimiento núm. 5/09 y acumulado 31/09, promovido por UNION SINDICAL OBRERA, CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO, a la que se adhiere UNION GENERAL DE TRABAJADORES, contra A.T.E., S.A. y COMISIONES OBRERAS -CCOO-, sobre conflicto colectivo.

 

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrida, la procuradora Dª B.B., en nombre y representación de A.T.E., SA.

 

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. José Luis Gilolmo López,

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Por la representación de Unión Sindical Obrera y por la Confederación General del Trabajo se interpuso demanda, a la que  se adhirió la Unión General de Trabajadores, de la que conoció la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En el correspondiente escrito, tras exponer los hechos y  fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que: “Se declare y reconozca el derecho de todos los trabajadores a disfrutar como permiso retribuido, los tres días que establece el artículo 29.1 c) del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact Center, por accidente, enfermedad grave u hospitalización de un familiar, a contar desde el día en que se produce el ingreso del familiar con el único límite de que serán disfrutados de forma continuada dentro de los diez días naturales contados a partir del día que se produzca el hecho causante y con independencia de que dicho familiar siga o no hospitalizado”.

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio, en el que la parte actora se afirmó y ratificó en la misma, oponiéndose la demandada, según consta en acta. Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

 

TERCERO.- Con fecha 20 de abril de 2009 se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en la que consta la siguiente parte dispositiva: “Que debemos desestimar y desestimamos íntegramente las demandas acumuladas de USO y CGT y la adherida de UGT contra A.T.E., SA y CCOO y en su virtud, absolvemos a los demandados de todas las peticiones deducidas contra ellos en el escrito rector del procedimiento”.

 

CUARTO.- En dicha sentencia se declararon probados  los siguientes hechos: “1. La empresa se rige por el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center. 2. La empresa demandada conecta el derecho al disfrute del permiso reconocido por hospitalización de familiares al tiempo de efectiva hospitalización del mismo. 3. Los sindicatos actores mantienen que el derecho subsiste aunque se haya producido el alta hospitalaria del familiar. 4. Se ha agotado el trámite de sometimiento a la Comisión

Paritaria sin acuerdo. 5. Se ha agotado sin efecto el acto conciliatorio ante el SIMA”.

 

QUINTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por la representación procesal de UGT, CGT y USO.

 

SEXTO.- Por providencia de esta Sala de fecha 15 de marzo de 2010 se procedió a admitir a trámite el citado recurso y, tras ser impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó informe en el sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 16 de septiembre de 2010, en el que tuvo lugar.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO. – 1. El proceso de conflicto colectivo que ha dado lugar al presente recurso de casación común u ordinaria versa sobre la interpretación del art. 29.1.c) del Convenio Colectivo Estatal del Sector de “Contact Center”(antiguo “Telemarketing”), publicado en el BOE del 20-2-2008, que tienen el siguiente tenor literal:

“Artículo 29. Permisos retribuidos.

 

1. Los trabajadores, previo aviso y justificación,  podrán ausentarse del trabajo, con derecho a retribución, y desde que ocurra el hecho causante, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: c) Tres días en caso de accidente, enfermedad grave u hospitalización, o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y hermanos políticos, que serán disfrutados de forma continuada dentro de los diez días naturales, contados a partir del día en que se produzca el hecho causante, inclusive.

 

2. Las dos demandas acumuladas, interpuestas por la Unión Sindical Obrera (USO) y por la Confederación General del Trabajo (CGT), respectivamente, los días 15 de enero y 27 de febrero de 2008, a las que se adhirió con posterioridad la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (UGT), tenían por objeto que se dictara sentencia declarando y reconociendo el derecho a disponer de esos tres días establecidos en el art. 29.1.c) antes transcrito, según expresan de forma literal ambos suplicos, “con el único límite de que serán disfrutados de forma continuada dentro de los diez días naturales contados a partir del día que se produzca el hecho causante y con independencia de que dicho familiar siga o no hospitalizado”.

 

3. La sentencia de instancia, dictada el 20 de abril de 2009 (dem. 5 y 31/09 ) por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, tras declarar probado que “la empresa demandada conecta el derecho al disfrute del permiso reconocido por hospitalización de familiares al tiempo de efectiva hospitalización del mismo”(hecho probado 2.º) y que “los sindicatos actores mantienen que el derecho subsiste aunque se haya producido el alta hospitalaria del familiar”(hecho probado 3.º), ha desestimado la demanda, en esencia, porque, según dice de modo literal, incluidos los textos en mayúscula y “negrita”, el segundo párrafo de su tercer y último fundamento jurídico, “el disfrute del permiso -salvo la limitación en este Convenio a los diez días posteriores al hecho causante del mismo- debe de coincidir con el período de hospitalización del familiar, en razón de la cual se concede el permiso para asistirlo mientras está hospitalizado y no puede disfrutarse para otras finalidades (holganza, viajes o asuntos propios) ajenas al motivo causal que determina el nacimiento del derecho al permiso y ello porque el párrafo c) del artículo 29 del Convenio no puede desligarse del primero -común a todos los párrafos- en el que se refiere a que la intención de la concesión de todos los permisos incluidos en el artículo 29 del Convenio TIENEN UNA RAZÓN DE SER CAUSAL que los motiva; por ello existe causa del permiso mientras exista su razón y, desaparecida ésta, desaparece aquélla, ya que el párrafo c) del artículo 29 del Convenio se inserta armónica y sistemáticamente en el contexto finalista o teleológico de todo el precepto”.

 

4. Los dos sindicatos inicialmente demandantes y aquel otro que se adhirió a la pretensión con posterioridad han interpuesto sendos recursos de casación, articulando el primero (USO) y el último (UGT) un único motivo que amparan en el apartado e) del art. 205 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL )  y denuncian la infracción del artículo 29.1.c) del precitado Convenio Estatal, en relación con los artículos 3.1 y 1281 del Código Civil; CGT formula dos motivos, amparados ambos también en el art. 205.e) LPL, el primero de los cuales es del todo coincidente con el de los otros dos sindicatos y el segundo denuncia además la vulneración del art. 24 de la Constitución al achacar a la sentencia impugnada, en síntesis, haber incurrido en arbitrariedad y falta de razonabilidad, según dice, “al pronunciarse de forma equívoca sobre debate no planteado”. El Ministerio Fiscal, al igual que la empresa demandada, considera improcedentes los recursos y entiende acertada la interpretación que la Sala de instancia ha efectuado del art. 29.1.c) del texto convencional.

 

SEGUNDO.- La cuestión que hemos de resolver, no se refiere al alcance o delimitación personal de los beneficiarios del permiso retribuido en cuestión o de los familiares que lo causan (“pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y hermanos políticos”: puede verse a este respecto la STS4.ª de 18-2-1998, R. 539/97, que analiza el tratamiento que merece la afinidad en el ámbito laboral). Tampoco es objeto de debate la manera en que deba computarse el espacio temporal para el disfrute del permiso (“de forma continuada dentro de los diez días naturales, contados a partir del día en que se produzca el hecho causante, inclusive”). El único problema planteado consiste en determinar si, según pedían los sindicatos demandantes en sus respectivos escritos rectores del proceso, en los supuestos de hospitalización del pariente, el permiso ya iniciado, puede –o no– seguir disfrutándose hasta su conclusión (los tres días), con el único límite de que habrá de hacerse dentro de los diez días naturales contados a partir del día en que se haya producido el hecho causante, pero “con independencia de que dicho familiar siga o no hospitalizado”. Con este mismo objeto de clarificar y delimitar con la máxima precisión posible el contenido de la controversia, resulta útil traer a colación la posición que ambas partes mantuvieron ante el Órgano judicial de instancia y  que, quizá de manera no del todo ortodoxa porque en realidad, conforme al art. 97.2 de la LPL, tales datos constituyen “antecedentes de hecho” más que “hechos probados”, aparecen en los ordinales 2.º y 3.º de la incombatida declaración fáctica de la sentencia impugnada: “La empresa demandada conecta el derecho al disfrute del permiso reconocido por hospitalización de familiares al tiempo de efectiva hospitalización del mismo”(h.p.2.º); “Los sindicatos actores mantienen que el derecho subsiste aunque se haya producido el alta hospitalaria del familiar”(h.p.3.º).

 

TERCERO.- El motivo coincidente de los tres recurso merece favorable acogida (no así el que articula en segundo lugar el sindicato CGT puesto que, aunque desacertada, según seguidamente se verá, la resolución impugnada, en contra de lo que tal sindicato sostiene, ni es “arbitraria” ni incurre en el “error patente” que se le atribuye, y, por tanto, no vulnera el art. 24 de la Constitución) en razón a las consideraciones que seguidamente pasamos a exponer.

 

El precepto convencional a interpretar, que, en lo  fundamental, mantiene un régimen jurídico muy similar al permiso regulado en el art. 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, aunque mejorándolo en cuanto a su duración (tres días en vez de dos) y contemplando expresamente, además, la novedosa posibilidad de utilizarlo, aunque de forma continuada, dentro de los diez días siguientes al hecho causante, prevé cuatro situaciones en las que puede encontrarse el familiar que lo origina; a saber: a) un accidente, lógicamente grave, tal como especifica con mayor precisión aún el art. 37.3 del ET; b) una enfermedad grave; c) una hospitalización; y d) en fin, una intervención quirúrgica que, aunque ni siquiera requiera hospitalización, precise no obstante reposo domiciliario del afectado.

 

El accidente y la enfermedad, pues, han de tener la suficiente entidad como para poder ser calificadas de “graves” pero, en principio, la hospitalización no parece necesitar tal cualidad (ni la ley ni el convenio la mencionan) aunque, desde luego, no la excluyan. El accidente y la enfermedad graves del pariente posibilitan que el trabajador haga uso (“disfrutar” parece un exceso) del permiso remunerado de tres días regulado en el art. 29.1.c) del Convenio, y, también en principio, sea  cual fuere el tiempo que dure la incapacitación de aquél (tampoco aquí, ni en el ET ni en la disposición convencional,    existe otra limitación temporal que los tres días del permiso).

 

En una primera aproximación al problema debatido, el supuesto de hospitalización del familiar, y sin perjuicio de que la misma pueda deberse directamente al accidente o a la enfermedad graves, con lo que nos encontraríamos de lleno en el caso anterior, parece estar más relacionado con el período temporal del propio internamiento, de manera que si éste sólo dura uno o dos días podría carecer de  causa consumir del resto. Sin embargo, tanto en los casos de accidente o enfermedad graves como en los de ingreso hospitalario, siendo todos ellos causales, ni la Ley ni el Convenio establecen de manera expresa y clara, como causa directa del beneficio, el cuidado o atención personal que el trabajador haya de prestar al pariente enfermo. Las únicas causas expresamente previstas en ambas normas no son sino el accidente  o enfermedad graves, la hospitalización, o la intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario.

 

Es evidente que el permiso en cuestión no puede estar destinado, como dice la sentencia de instancia, a “holganza, viajes o asuntos propios” del trabajador, lo que podría constituir claros fraudes o abusos de derecho merecedores del correspondiente reproche empresarial, pero su causa remota tampoco tiene por qué agotarse en el cuidado o atención personal, física y directa al familiar, porque la enfermedad o el ingreso hospitalario de éste puede requerir de aquél otro tipo de dedicación no directamente relacionada con la atención personal, que igualmente pueda justificar la ausencia al trabajo del primero. Puede ocurrir, en efecto, tal como sostiene la empresa en su razonado escrito de impugnación, “que una persona sea hospitalizada por una cirugía por laparoscopia (intervenciones de vesícula, apendicectomía, hernia de hiato), y se recupere tras uno o dos días de hospitalización, incorporándose incluso a su actividad laboral profesional”.

 

Es más, la Sala comparte el criterio empresarial cuando asegura que la mejora “no está prevista (…) para que el trabajador pueda disfrutar de tres días de asueto, retribuidos, mientras que el familiar hospitalizado ya se encuentra recuperado, o incluso trabajando”. Pero aunque, ciertamente, esas situaciones no permitirían seguir haciendo uso, hasta agotarlo, del permiso cuestionado, tal consecuencia no puede ser el resultado del simple alta hospitalaria (no lo regula así el texto del convenio) sino del alta médica, que habría hecho desaparecer la razón última del permiso, justificado por la situación patológica del familiar.

 

La clave, pues, debe estar en la justificación del permiso, y aunque ello tal vez aleje el problema planteado del cauce procesal aquí empleado, porque siempre resultará imprescindible ponderar, entre otras cosas, las circunstancias personales de cada trabajador y del familiar causante, la proyección individual de cada enfermedad, su gravedad, la causa determinante de la hospitalización, el eventual motivo de cada alta hospitalaria y, en fin, y sobre todo, el alcance o intensidad de la necesidad de atención y cuidados que el pariente enfermo requiera, tanto en lo físico como en otros aspectos de su vida, lo que no ofrece duda a la Sala es que, tal y como postulaban los demandantes, pero con las matizaciones de lo arriba expuesto, el permiso por hospitalización de pariente regulado en el art. 29.1.c) del Convenio ha de ser concedido, cuando concurran el resto de los elementos que configuran tal derecho, “con independencia de que dicho familiar siga o no hospitalizado”, es decir, sin que el simple alta hospitalaria conlleve de forma automática la extinción o finalización del permiso, máxime cuando el propio precepto reconoce ese mismo beneficio en los supuestos (perfectamente posibles y parangonables con los del mero alta hospitalaria) en los que, tras una intervención quirúrgica sin hospitalización, el familiar del trabajador únicamente precise reposo domiciliario.

 

En virtud de todo cuanto antecede, oído el parecer del Ministerio Fiscal, y aunque en materia de interpretación de convenios los órganos  de instancia gozan de un amplio margen de apreciación (entre otras muchas, SSTS 20-3-1997, R. 3588/96; 27-9-2002, R. 3741/01; 16-12-2002, R. 1208/01; 25-3-2003, R. 39/02; 30-4-2004, R. 156/03; y 25-3-2009, R. 85/08 ), procediendo su modificación por vía casacional únicamente cuando la misma resulte manifiestamente desacertada o contraria a las reglas de interpretación (por todas, SSTS 23-5-2006, R. 8/05, 15-4-2010, R. 52/2010, y las que se citan en la primera de ella), en este caso, la Sala entiende que la interpretación otorgada por la sentencia impugnada infringe las reglas hermenéuticas establecidas en los arts. 3.1 y 1281 del Código Civil porque, según se deja razonado, no concuerda con el sentido propio de las palabras empleadas en el texto convencional, ni con los términos claros que se desprenden de su sentido literal, sin que resulte evidente en absoluto, a diferencia de lo que concluye la resolución de instancia, que  la intención de quienes lo firmaron fuera contraria ni a aquéllas ni a éste.

 

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

 

FALLAMOS

 

Estimamos en parte los recursos de casación formulados por el Letrado D. J.M.C., en nombre y representación de UNION SINDICAL OBRERA (USO), por el Letrado D. R.M., en nombre y representación de CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO (CGT), y por el Letrado D. J.F., en nombre y representación de FEDERACION DE SERVICIOS DE LA U.G.T.) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de fecha 20 de abril de 2009, en actuaciones seguidas a instancia de los recurrente contra A.T.E., S.A. y COMISIONES OBRERAS (CC.OO.), sobre CONFLICTO COLECTIVO, y, en consecuencia, estimamos, también parcialmente, las demandas acumuladas y, en los términos que ha quedado expuesto en la precedente fundamentación jurídica, declaramos el derecho de todos los trabajadores afectados a disfrutar del permiso retribuido que establece el artículo 29.1.c) del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact Center, por accidente, enfermedad grave u hospitalización de un familiar, con independencia de que dicho familiar siga o no hospitalizado, es decir, sin que el simple alta hospitalaria del pariente conlleve de forma automática la extinción o finalización del permiso. Sin costas.

 

Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

 

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. José Luis Gilolmo López hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

TEMAS LEGALES (I)

El permiso concedido al trabajador para cuidado de un familiar se suspende con el alta médica no con el alta hospitalaria.

18/05/2012

 El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró no haber lugar a la pretensión del sindicato actor de que se reconociese al personal el derecho de ausencia retribuida de dos o tres días, dependiendo del grado de parentesco, en caso de familiares enfermos, pactada en Convenio, sin que se tuviese en cuenta el motivo de la convalecencia.

La Sala recuerda en primer lugar la jerarquía normativa, en la que la Ley ocupa una posición superior a la del Convenio Colectivo, razón por la cual éste debe respetar lo dispuesto con carácter necesario por aquélla. Y, aplicando esto al caso concreto, afirma que el alta hospitalaria no determina por sí misma la finalización del permiso, aunque tal afirmación ha de matizarse, porque el alta hospitalaria que se produzca el primero o segundo día priva de objetivo a la utilización del permiso completo si va acompañada de alta médica.

Tribunal Supremo

Sala de lo Social

Sentencia de 05 de marzo de 2012

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 57/2011

Ponente Excmo. Sr. LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNÁNDEZ

En la Villa de Madrid, a cinco de Marzo de dos mil doce.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación interpuesto por la representación del COMITÉ INTERCENTROS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. (CEPSA), contra la sentencia de fecha 4/Febrero/2011 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en autos núm. 244/2010, seguidos a instancia de la misma parte contra la empresa CEPSA, S.A., sobre CONFLICTO COLECTIVO.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación del COMITÉ INTERCENTROS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. (CEPSA), se planteó demanda de CONFLICTO COLECTIVO, de la que conoció de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En el correspondiente escrito, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho, terminaba suplicando se dictara sentencia, por la que: “se reconozca, primero: el derecho que asiste al personal afectado por el presente Conflicto Colectivo, a disfrutar de licencia retribuida en caso de hospitalización de familiares regulada en la letra e) del punto I.I. del Capítulo II del Convenio Colectivo puesto en relación con el artículo 37, 3 b) del E.T., con independencia del tiempo de hospitalización, siendo el número de días de licencia que corresponden los que están previstos en la norma convencional, sin que quepa minoración, y sin más condicionamiento que la justificación de la hospitalización siendo irrelevante el motivo de la misma; y, segundo: el derecho que asiste al personal afectado por el presente Conflicto Colectivo, a disfrutar de licencia retribuida en caso de intervención quirúrgica con hospitalización de familiar seguida de reposo domiciliario, de acuerdo con lo regulado en la letra e) del punto I.I del Capítulo III del Convenio Colectivo y en relación con el art. 37, 3 b) del ET, debiendo conceder la empresa todos los días de licencia previstos en dicha norma de la empresa, sin que puedan ser minorados por la intervención del Servicio Médico de Empresa, sin más condicionamiento que la justificación de la hospitalización y siendo irrelevante el motivo de la misma.- Que se solicita tal reconocimiento de derecho de acuerdo con la norma convencional de aplicación en el Capítulo III, punto I.I. letra e) párrafo tercero, y la relación directa que tiene con el artículo 37, 3 b) del Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con los hechos y Fundamentos Jurídicos expresados en ésta demanda y así proceder todo ello en Derecho”.

SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda, se celebró el acto del juicio, en el que la parte actora se afirmó y ratifico en la misma, oponiéndose las demandadas, según consta en acta. Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

TERCERO. – Con fecha 4 de febrero de 2011 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “Que desestimamos la demanda de conflicto colectivo, interpuesta por el COMITÉ INTERCENTROS de la empresa demandada y absolvemos a CEPSA de los pedimentos de la misma”.

CUARTO. – En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: “PRIMERO. – El 26-11-2008 se publicó en el BOE se publicó el Convenio colectivo de CEPSA, cuya vigencia concluyó el 31-12-2010.- SEGUNDO.- Los días 12 al 16-04- 2010 se reunieron en sesión ordinaria, la Representación CEPSA y la Representación de los del Comité Intercentros, debatiéndose, entre otros extremos, sobre la interpretación de las licencias retribuidas cuando existe hospitalización domiciliaria, levantándose acta en la que se dijo lo siguiente: “5. Interpretación que hace la empresa sobre hospitalización de familiares en escrito de 23 de diciembre de 2009.- Con relación a la licencia por hospitalización de familiares regulada en la letra e) del punto 1.1 del capítulo III del Convenio Colectivo, la Representación de los Trabajadores manifiesta su disconformidad con la interpretación que la Empresa le ha remitido en diciembre de 2009, ya que considera que, independientemente del tiempo de duración de la hospitalización, los días de licencia deben ser los que están previstos en el Convenio Colectivo, sin que quepa minoración.- La Representación de la Empresa se reitera en su contestación enviada al Comité Intercentros en diciembre de 2009, ya que considera que el derecho al disfrute del permiso retribuido está vinculado al hecho causante que lo motiva, que es la enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que puede requerir o no hospitalización. Si requiere hospitalización, hecho que sirve de justificante de la gravedad de la enfermedad, debe entenderse que la subsistencia del permiso está condicionada al mantenimiento del hecho causante, en este caso, la hospitalización, y que debe finalizar una vez que el familiar reciba el alta hospitalaria aunque no se hayan agotado los días de permiso previstos en este apartado del convenio. No obstante, teniendo en cuenta que en este apartado del convenio, se regula también el permiso por enfermedad grave de familiar sin hospitalización, por asimilación al mismo, debe entenderse que si después de recibir el alta hospitalaria, persistiera la situación de gravedad, deberá aplicarse el criterio pactado en convenio, es decir, que deben. ser los Servicios Médicos de Empresa los que valoren la gravedad de la enfermedad en las circunstancias concurrentes en el caso, a efectos de determinar la procedencia o no del mantenimiento de la licencia retribuida. Todo ello, sin que los días de licencia incluyendo los de ingreso hospitalario y los posteriores, puedan exceder del total del días previstos para este permiso en Convenio, dado que se trata de una sola enfermedad.- Como consecuencia de la diferencia de criterio existente, la Representación de los Trabajadores solicita que se dé por cumplido el trámite previo a la interposición de reclamación judicial. La Representación de la Empresa da por cumplido el trámite.- 6. Interpretación Licencias retribuidas cuando existe hospitalización domiciliaria.- Con relación a la Licencia retribuida por intervención quirúrgica con hospitalización de familiar seguida de reposo domiciliario, la Representación de los Trabajadores considera que deben concederse todos los días de licencia previstos en la letra e) del punto 1.1. del Capitulo Hl del Convenio Colectivo, sin que quepa minorarlos en base a la intervención del Servicio Médico de Empresa para valorar la gravedad de la enfermedad al no tener que pasar por los citados Servicios Médicos los documentos justificativos de esta situación según está escrito en el propio Convenio Colectivo existiendo, además, una licencia anterior concedida en las mismas circunstancias y para el mismo hecho causante, así como para las mismas personas afectadas. Lo único que varía en este caso es la fecha en la que se produce (noviembre 2009-febrero 2020).- La Representación de la Empresa considera que, tanto en los casos de hospitalización de familiar como en los de intervención quirúrgica sin hospitalización, la subsistencia en el disfrute del permiso, debe estar vinculada al mantenimiento del hecho causante, de forma que, debe estar vinculado a la persistencia de la situación de gravedad que justifica la necesidad de atención familiar en la fase de reposo domiciliario. Y es en ese sentido, en el que se justifica la intervención del Servicio Médico de Empresa, que es quien puede valorar con un criterio más adecuado las circunstancias concurrentes a efectos de determinar la procedencia o no del mantenimiento de la licencia retribuida tras la hospitalización y Fa intervención quirúrgica.- Como consecuencia de la diferencia de criterio existente, la Representación de los Trabajadores solicita que se dé por cumplido el trámite previo a la interposición de reclamación judicial. La Representación de la Empresa da por cumplido el trámite”.- TERCERO. – El 17-09-2010 se presentó el escrito de conciliación ante el SIMA, que tuvo lugar sin avenencia el 7-10-2010.- CUARTO. – El 3-02-1010 las partes alcanzaron avenencia ante la Secretaria de la Sala, que afecta a la segunda pretensión de su demanda, en los términos siguientes: “En el caso de la licencia retribuida por intervención quirúrgica sin hospitalización seguida de reposo domiciliario, no se minoraran los días de permiso previsto en Convenio Colectivo. El parte de intervención quirúrgica que determine la necesidad del reposo domiciliario, será justificante suficiente de la situación de la gravedad. En este caso no será necesaria la intervención de los servicios médicos de la empresa”.- Se han cumplido las previsiones legales”.

QUINTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por la representación procesal de COMITÉ INTERCENTROS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. (CEPSA), basándose en el siguiente motivo: Al amparo del art. 205.c) de la Ley de Procedimiento Laboral se denuncia la infracción, por interpretación errónea, del art. 37.3.b) ET y del apartado e) punto 1.1. del Capítulo III del Convenio Colectivo de CEPSA, en relación con diversa doctrina jurisprudencial [ SSTS 18/02/98 -rco 539/97 -; 20/06/05 -rco 165/04 -; 24/07/08 -rco 144/087 -; 23/04/09 -rco 44/07 -; y 21/09/10 -rco 84/09 -].

SEXTO.- Por providencia de ésta Sala se procedió a admitir a trámite el citado recurso y evacuado el trámite de impugnación, se emitió el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 28 de febrero de 2012, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1.- La pretensión ejercitada en el presente conflicto Colectivo, presentado por el Comité Intercentros de la “Compañía Española de Petróleos, S.A.” [CEPSA], va dirigida -tras avenencia parcial obtenida en trámite judicial- a la exclusiva pretensión de que se reconozca “el derecho que asiste al personal afectado… a disfrutar de licencia retribuida en caso de hospitalización de familiares… regulada en la letra e) del punto 1.1 del Capítulo III del Convenio Colectivo puesto en relación con el art. 37.3.b) del ET, con independencia del tiempo de hospitalización, siendo el número de días de licencia que corresponden los que están previstos en la norma convencional, sin que quepa minoración y sin más condicionamiento que la justificación de la hospitalización, siendo irrelevante el motivo de la misma”.

2.- Pretensión desestimada por la Audiencia Nacional en sentencia de 04/Febrero/2011 [demanda 244/10 ], aplicando -se dice- el criterio expuesto por la STS 21/09/10 [rco 84/09 -] en interpretación de precepto similar al de autos [concretamente el art. 29.1.c) del Convenio Colectivo Estatal de Contact Center ], para la que -en palabras de la decisión recurrida- “el foco del debate exige despejar si la hospitalización, sea cual fuere el estado del pariente al recibir el alta hospitalaria, causa el disfrute íntegro de la licencia, como defendieron los demandantes o, por el contrario, dependerá del estado del pariente, extinguiéndose la licencia si ya no está afectado por enfermedad grave, manteniéndose si persiste la gravedad de la enfermedad, en cuyo caso deberá acreditarse de algún modo por los trabajadores beneficiarios de la licencia”.

3.- En su recurso de casación frente a tal sentencia, el Comité Intercentros denuncia -al amparo del art. 205.c) LPL – la infracción por interpretación errónea del art. 37.3.b) ET y del apartado e) punto 1.1. del Capítulo III del Convenio Colectivo de CEPSA, en relación con diversa doctrina jurisprudencial [ SSTS 18/02/98 -rco 539/97 -; 20/06/05 -rco 165/04 -; 24/07/08 -rco 144/087 -; 23/04/09 -rco 44/07 -; y 21/09/10 -rco 84/09 -].

SEGUNDO.- La resolución del debate impone la exposición previa de las normas -legal y pactada- en cuya interpretación se discrepa:

a).- Conforme al art. 37.3.b) ET, “El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:… b) Dos días por… accidente o enfermedad graves u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”. Y

b).- De acuerdo con la norma convencional -apartado e) del punto 1.1. del Capítulo III del Convenio Colectivo- la ausencia con derecho a remuneración se atribuye por tres días [para el supuesto de cónyuges y parientes en primer grado de consanguinidad o afinidad] o dos días [tratándose de parientes de segundo grado de consanguinidad o afinidad] ininterrumpidos en los términos siguientes: “Accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario… En los casos en que exista hospitalización, la acreditación documental del ingreso hospitalario servirá para la justificación de la gravedad de la enfermedad. Asimismo, y exclusivamente para los casos de hospitalización, se establece que, previa solicitud del trabajador y por motivos justificados derivados de la situación del enfermo en el Hospital que impidan su atención, se podrá autorizar que el inicio del cómputo de esta licencia se haga en fecha posterior al ingreso, a partir del momento en que sea posible la atención del trabajador a su familiar enfermo… Cuando no haya hospitalización ni intervención quirúrgica que requiera reposo domiciliario, serán los Servicios Médicos de Empresa quienes valorarán la gravedad de la misma, sirviendo con ello de base para determinar la procedencia de la licencia retribuida o no. Los casos de hospitalización domiciliaria se asimilarán a los generales de hospitalización cuando conste expresamente, en justificación que se presente, la indicada modalidad de hospitalización”.

TERCERO.- 1.- Tales normas no pueden sino interpretarse a la luz de doctrina expresada por esta Sala en la sentencias de 21/09/10 -rco 84/09- [argumentalmente utilizada tanto por la decisión recurrida como por el propio recurso ], como la 23/04/09 – rco 44/07 -, que en supuestos similares al de autos sientan criterios que claramente apoyan la pretensión de autos. Similitud que evidencia la redacción de los preceptos interpretados en tales decisiones: a) el art. 29.1.c) del Convenio Colectivo Estatal del Sector de “Contact Center “ [objeto de estudio en la primera de aquéllas, la de 21/09/10], confería el mismo derecho “en caso de accidente, enfermedad grave u hospitalización, o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario”; y b) el art. 38.C del Convenio Colectivo Nacional de Grandes Almacenes [examinado por la STS 23/04/09 ], reconoce el mismo permiso retribuido -dos o tres días, según los supuestos- para el caso de “accidente grave u hospitalización de parientes… [y] enfermedad grave diagnosticada por el facultativo”.

2.- El presupuesto de que hemos de partir a la hora de resolver la cuestión planteada es -aparte de los normativos a interpretar- la consideración de que para la doctrina constitucional la “integración de los convenios colectivos en el sistema formal de fuentes del Derecho, resultado del principio de unidad del ordenamiento jurídico, supone el respeto por la norma pactada del derecho necesario establecido por la Ley, que, en razón de la superior posición que ocupa en la jerarquía normativa, puede desplegar una virtualidad limitadora de la negociación colectiva” (con estos o similares términos, SSTC 58/1985, de 30/Abril; 177/1988, de 10/Octubre; 210/1990, de 20/Diciembre; 189/1993, de 14/Junio; y 196/2004, de 15/Noviembre ).

Afirmación en la que -como procede- coincide plenamente la jurisprudencia ordinaria, al proclamar que la Ley ocupa en la jerarquía normativa una posición superior a la del Convenio Colectivo, razón por la cual -se trata de una exigencia lógica- éste debe respetar lo dispuesto con carácter necesario por aquélla, imponiéndolo así los arts. 9.3 CE y el art. 85.1 en relación con el 3.3 ET ( SSTS 09/07/91 -rco 45/91 -;… 20/12/07 -rco 90/06 -; 16/01/08 -rco 49/06 -; y 23/04/09 -rco 44/07 -). Criterio general que se perfila diciendo que si bien es cierto que el art. 85.1 ET dispone que la regulación de las condiciones de trabajo que se contenga en un Convenio Colectivo, se ha de efectuar “dentro del respeto a las leyes”, no lo es menos cierto que esta obligación de respeto y acatamiento no se extiende a toda clase de disposiciones legales, sino que tan sólo se refiere a aquellos preceptos legales que sean de derecho necesario [ SSTS 24/01/92 -rco 831/91 -; 24/02/92 -rco 831/91 -; 09/03/92 -rco 529/91 -; y 29/04/93 – rcud 459/92 -]; o que la “norma paccionada… debe prevalecer sobre la estatal en cuanto no viola normas estatales de derecho necesario, que configuran el orden público laboral, ni perjudica los mínimos de derecho necesario” [ SSTS 24/02/92 -rco 831/91 -; y 29/04/93 -rcud 459/92 -]; y en la “a veces difícil convivencia normativa de ley y convenio, la jurisprudencia ha mantenido la primacía de la ley en aquellos extremos que tienen carácter inderogable, inalterable e indisponible” [ STS 09/03/92 -rco 529/91 -] ( SSTS 04/05/94 -rcud 3311/93 -; 20/12/07 -rco 90/06 -; y 26/11/08 -rco 95/06 -), puesto que la “ley vincula a los convenios colectivos de dos formas: mediante normas de derecho necesario absoluto, que no admiten su derogación en ningún sentido, con independencia de que sea éste más o menos favorable, o de normas de Derecho necesario relativo, que actúan como mínimos que deben ser respetados individualmente o, dentro de una relación de suplementariedad más flexible, a través de la selección de “lo más favorable” para el trabajador, respecto a los conceptos cuantificables” ( STS 19/01/11 -rco 85/10 -).

3.- Efectuada esta precisión jurisprudencial, resulta obligado resaltar que la regulación contenida en el Convenio Colectivo de que tratamos coincide con el ET en el hecho básico del permiso retribuido [“accidente o enfermedad graves u hospitalización de parientes”], siquiera comporta una mejora del tratamiento estatutario en dos aspectos: en primer lugar respecto del presupuesto del propio permiso, que se extiende igualmente a la “intervención quirúrgica que sin hospitalización requiera reposo domiciliario”; y en segundo término también alcanza a su duración en determinados supuestos, pues se incrementa en un a día -pasa a tres- cuando la contingencia afecta a parientes de primer grado. Pero tal mejora en estos dos aspectos no sólo no puede amparar una interpretación minorativa del derecho básico [el permiso retribuido de dos días en el supuesto legal], sino que -antes al contrario- la regulación convencional incluso ofrece argumentos -como veremos- que refuerzan la hermenéutica que cabe hacer del art. 37.1.b) ET.

CUARTO.- 1.- La regulación convencional -como literalmente indicamos en la sentencia de 21/09/10 para el precepto, de redacción casi idéntica a autos y reproducido anteriormente- “prevé cuatro situaciones en las que puede encontrarse el familiar que lo origina; a saber: a) un accidente, lógicamente grave, tal como especifica con mayor precisión aún el art. 37.3 del ET; b) una enfermedad grave; c) una hospitalización; y d) en fin, una intervención quirúrgica que, aunque ni siquiera requiera hospitalización, precise no obstante reposo domiciliario del afectado”. Y de la regulación convencional objeto de debate – apartado e) punto 1.1. del Capítulo III del Convenio Colectivo de CEPSA, arriba transcrito- se infieren las tres precisiones que atinadamente destaca el Ministerio Fiscal en su informe: 1.ª) que en los casos de accidentes y enfermedades graves, son los servicios médicos de empresa los que valoran la gravedad de los mismos; 2.ª) que en el caso de intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario, basta la justificación médica donde conste esa necesidad de reposo; y 3.ª) que en los casos de hospitalización, es suficiente el informe hospitalario sobre ella, con independencia de su duración. Pero respecto de lo que nada dicen ni la regulación legal ni la convencional es si el permiso en supuestos de hospitalización se extingue o no con el alta hospitalaria; que es precisamente el objeto de debate y al que daremos concreta respuesta acto continuo.

2.- La Sala discrepa del criterio seguido por la decisión recurrida y de la aplicación que hace de algunas afirmaciones efectuadas en la STS 21/09/10 [-rco 84/09 -] que a nuestro entender han sido sacadas de contexto. Y en apoyo de esta conclusión, argüimos las siguientes consideraciones:

a).- Si bien “el accidente y la enfermedad… han de tener la suficiente entidad como para poder ser calificadas de “graves”…, en principio, la hospitalización no parece necesitar tal cualidad [ni la ley ni el convenio la mencionan] aunque, desde luego, no la excluyan” ( STS 21/09/10 [-rco 84/09 -]).

b).- Es un principio general de derecho que donde la norma no distingue no debe distinguir el intérprete, máxime cuando se trata de restringir derechos que la misma establece ( SSTS 28/02/84 – ril-… 30/12/07 -rcud 5046/05 -; 26/12/07 -rco 1095/07 -; 26/11/08 -rco 95/06 -; 09/12/10 -rcud 321/10 -) y “lo cierto es que la Ley y el Convenio sólo hablan de “hospitalización”, sin distinguir entre las causas que la motivan, ni condicionar el disfrute de la licencia a la concurrencia de otro requisito” ( STS 23/04/09 -rco 44/07 -, en interpretación del art. 38.C del Convenio Colectivo Nacional de Grandes Almacenes, con redacción básicamente igual al precepto sectorial ahora debatido).

c).- De “la literalidad del artículo 37-3-b) del Estatuto de los Trabajadores se deriva, al emplearse el nexo disyuntivo “u”… que la Ley usa un nexo alternativo y de contraposición que indica que basta con que concurra una de esas circunstancias para que nazca el derecho, lo que no ocurriría si hubiese usado un nexo copulativo que exigiría la acumulación de requisitos. Por ello, basta con la hospitalización para que se genere el derecho a la licencia cuestionada, sin que sea precisa la enfermedad más o menos grave… El vigente texto legal acentúa esa solución interpretativa acorde con su tenor literal, al conceder la licencia sin necesidad de hospitalización, cuando por intervención quirúrgica se precise reposo domiciliario… “ (citada STS 23/04/09 -rco 44/07 -).

d).- “Es evidente que el permiso en cuestión no puede estar destinado… a “holganza, viajes o asuntos propios” del trabajador, lo que podría constituir claros fraudes o abusos de derecho merecedores del correspondiente reproche empresarial, pero su causa remota tampoco tiene por qué agotarse en el cuidado o atención personal, física y directa al familiar, porque la enfermedad o el ingreso hospitalario de éste puede requerir de aquél otro tipo de dedicación no directamente relacionada con la atención personal, que igualmente pueda justificar la ausencia al trabajo del primero” (de nuevo STS 21/09/10 [-rco 84/09 -]).

e).- El permiso no está previsto “para que el trabajador pueda disfrutar de tres días de asueto, retribuidos, mientras que el familiar hospitalizado ya se encuentra recuperado, o incluso trabajando. Pero aunque, ciertamente, esas situaciones no permitirían seguir haciendo uso, hasta agotarlo, del permiso cuestionado, tal consecuencia no puede ser el resultado del simple alta hospitalaria [no lo regula así el texto del convenio] sino del alta médica, que habría hecho desaparecer la razón última del permiso, justificado por la situación patológica del familiar” (la tan referida STS 21/09/10 [-rco 84/09 -]).

f).- Una elemental interpretación finalística del precepto sitúa la solución del problema -como apunta el Ministerio Fiscal- en la necesidad de atención y cuidados del paciente, por lo que “el permiso por hospitalización de pariente… ha de ser concedido, cuando concurran el resto de los elementos que configuran tal derecho, “con independencia de que dicho familiar siga o no hospitalizado”, es decir, sin que el simple parte de alta hospitalaria conlleve de forma automática la extinción o finalización del permiso, máxime cuando el propio precepto reconoce ese mismo beneficio en los supuestos [perfectamente posibles y parangonables con los del mero alta hospitalaria] en los que, tras una intervención quirúrgica sin hospitalización, el familiar del trabajador únicamente precise reposo domiciliario” (una vez más, STS 21/09/10 [-rco 84/09 -]). Y

g).- La conclusión se refuerza si se tiene en cuenta que usualmente -la experiencia así lo demuestra- el alta hospitalaria no va acompañada el alta médica ni siquiera en los supuestos de cirugía “menor”, sino que casi siempre es dada con la recomendación facultativa -expresada o no documentalmente- de que la atención sanitaria recibida vaya seguida de un periodo de reposo, que si es domiciliario de por sí constituye causa independiente del permiso retribuido de que tratamos, por lo que -de no seguirse la tesis que mantenemos- pudiera llegarse a la posible contradicción consistente en que un mismo hecho -el reposo domiciliario- constituyese a la vez causa justificativa del permiso retribuido [si no va precedida de hospitalización] o de la extinción del mismo [si sigue al alta hospitalaria]. Aparte de que no se nos ocultan las dificultades de orden práctico que se producirían para acreditar -por el beneficiario del permiso- la persistencia de la gravedad del proceso pese al alta hospitalaria emitida, lo que nos invita a considerar más oportuno presumir la persistencia de los requisitos del permiso -gravedad/reposo domiciliario- si el alta hospitalaria no va acompañada de la correspondiente alta médica.

3.- Estas consideraciones nos llevan a entender, pese a que con carácter general mantengamos que en materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos debe atribuirse un amplio margen de apreciación a los órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos concomitantes, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual (recientes, SSTS 15/09/11 -rcud 4128/10 -; 19/09/11 -rco 1/11 -; 13/10/11 -rco 219/10 -; 18/10/11 -rco 44/11 -; y 28/11/11 -rcud 3897/10-), que “en este caso, la Sala entiende que la interpretación otorgada por la sentencia impugnada infringe las reglas hermenéuticas establecidas en los arts. 3.1 y 1281 del Código Civil porque, según se deja razonado, no concuerda con el sentido propio de las palabras empleadas en el texto convencional, ni con los términos claros que se desprenden de su sentido literal, sin que resulte evidente en absoluto… que la intención de quienes lo firmaron fuera contraria ni a aquéllas ni a éste” (hacemos nuestras las palabras utilizadas por la tantas veces aludida STS 21/09/10 [-rco 84/09 -]).

QUINTO.- Todo lo precedentemente indicado nos lleva a mantener -con el Ministerio Fiscal- que la reclamación del Comité Intercentros ha de ser sustancialmente acogida, en tanto que el alta hospitalaria no determina por sí misma la finalización del permiso. Pero tal afirmación ha de matizarse, en el sentido de la demanda tampoco puede acogerse en su literal integridad -”sin que quepa minoración” del permiso en ningún caso-, porque el alta hospitalaria que se produzca el primero o segundo día priva de objetivo a la utilización del permiso completo si va acompañada -aunque el supuesto pueda ser ciertamente inusual- de alta médica. Lo que se decide sin imposición de costas [ art. 233.2 LPL ].

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación del COMITÉ INTERCENTROS de la “Compañía Española de Petróleos, S.A.” [CEPSA], revocamos la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en fecha 04/Febrero/2011 [demanda 244/10 ] y acogiendo sustancialmente el Conflicto Colectivo planteado en interpretación del apartado e) del punto 1.1. del Capítulo III del Convenio Colectivo, declaramos que el permiso retribuido por hospitalización de cónyuge y parientes regulado en el mismo no se extingue con el alta hospitalaria, si la misma no va acompañada de alta médica.

Sin imposición de costas.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Luis Fernando de Castro Fernández hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

ASAMBLEA 18 FEBRERO 2013

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YA TENEMOS GANADOR DE LA CESTA DE NAVIDAD 2012

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El Supremo rechaza que la Junta privilegie a UGT y CC.OO. con ayudas millonarias

Andalucía

El Supremo rechaza que la Junta privilegie a UGT y CC.OO. con ayudas millonarias

j.morilloabcdesevilla / sevilla
Día 17/12/2012 – 12.13h

Anula el acuerdo de concertación social al entender que se discrimina al resto de sindicatos en las ayudas a formación

El Tribunal Supremo (TS) acaba de rechazar a través de dos sentencias, que tienen su origen en un recurso de CSIF-A y contra las que no cabe impugnación, que la Junta privilegie en las ayudas a la formación a los sindicatos CC.OO. y UGT, a los que concede subvenciones millonarias vinculadas a los denominados acuerdos de concertación social que también suscribe la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). De hecho, según el gabinete jurídico de CSIF, de una lectura de uno delos fallos podría extraerse que se deberían devolver esas subvenciones por considerarlas discriminatorias.

Los dictámenes del alto tribunal, a los que tuvo acceso ABC, suponen, tal como había establecido anteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarar nulos la aplicación y el desarrollo de la concertación social, por considerarlos, tal como sostenía CSIF, «discriminatorios», al subvencionar el Gobierno andaluz para la formación para el empleo a los sindicatos y organizaciones empresariales que firman con él ese acuerdo y «excluir» a todos los demás. Desde este sindicato señalan que su asesoría jurídica estudia los próximos pasos a dar, pero dejaron claro que solicitarán la «inmediata» ejecución del fallo.

Cientos de millones

Hay que señalar, además, que estos fallos se hacen públicos en un momento en el que tanto el Gobierno andaluz como los agentes sociales están trabajando en el borrador del VIII acuerdo de concertación social, que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quiere convertir en «contrapunto» de la reforma laboral del Gobierno. Aunque, lo cierto, es que estos acuerdos de concertación, a los que se han destinado cientos de millones de euros, no han detenido en los últimos años la sangría del paro y solo han garantizado a la Junta la paz social y a los agentes sociales pingües ayudas.

El origen de estos dos fallos del Supremo, notificadas el 7 y el 13 de noviembre de este año, son dos recursos que planteó CSIF. El primero, contra tres acuerdos de 19 de julio de 2005 del Consejo de Gobierno en los que se autorizaba la concesión a UGT, CC.OO. y la CEA de una subvención de 12,5 millones de euros a cada uno, así como contra el VI acuerdo de concertación social firmado ese mismo año. El segundo está articulado contra una orden de la Consejería de Empleo de 4 de agosto de 2008 que volvía a autorizar subvenciones millonarias a los agentes sociales. Ambos recibieron sendas sentencias favorables del TSJA, pero que provocaron el planteamiento de recursos de casación de la Junta y los agentes sociales, que el TS ha desestimado finalmente.

Esos fallos del alto tribunal andaluz son los que refrenda ahora el Supremo y arrojan una serie de conclusiones. De entrada, acaba con la relación privilegiada de CC.OO. y UGT con la Junta a la hora de recibir millonarias ayudas en formación vinculada a la concertación. Una de las sentencias es meridianamente clara al respecto: «Anulamos los tres acuerdos de 19 de julio de 2005» recurridos por CSIF. La razón, señalaba el TSJA, es que se considera «acreditada» una «relación causa efecto» entre el otorgamiento de las ayudas y el VI acuerdo de concertación social, suscrito por la Junta, CC.OO., UGT y la CEA. «Dicho en otros términos: se concede la subvención a aquellos que suscribieron la concertación y se excluye por tanto a todos los demás», añadía.

El Supremo también refrenda la decisión del TSJA de declarar «nulo» otro posible criterio esgrimido por la Junta para subvencionar a unos sindicatos sí y a otros no: el «carácter más representativo» que tendrían CC.OO. y UGT. De hecho, da la razón a la argumentación de CSIF sobre el círculo vicioso en que se vería atrapado: se le excluye de subvenciones por no ser más representativo y al no obtenerlas no puede aumentar su representatividad, lo que no es constitucional y puede producir la «presión indirecta» para la afiliación de los trabajadores a un determinado sindicato.

Artículo publicado en ABCdesevilla.es este es el enlace:

http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20121217/sevi-supremo-privilegie-sindicatos-201212162008.html

EL SILENCIO DE LOS BORREGOS….

11.104.860 € más para los sindicatos…y que estén “calladitos”.

ENLACE CON EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 09/06/2012. Resolución la Subsecretaría, por la que se convoca para el ejercicio 2012 la concesión de subvenciones a las Organizaciones Sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical.
El Estado, sigue repartiendo nuestros dineros a sus “colegas”, en este caso a los Sindicatos por la realización de actividades de carácter sindical (como NO).

11.104.866 € …y bajando sueldos y pensiones* para pagar esto!!!

Publicado por:LO QUE NO LEEMOS EN LOS BOLETINES Y PUBLICACIONES OFICIALES ESPAÑOLAS.

http://dinerospublicos.blogspot.com.es/2012/07/11104860-mas-para-los-sindicatosy-que.html

COMO SE REPARTEN EL PASTEL LOS POLITICOS…

Lo que se reparten nuestros Partidos Políticos en el Congreso, cada 3 meses!!!

ENLACE CON EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 09/10/2012 (1). Resolución de la Dirección General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones para gastos de funcionamiento ordinario, abonadas a formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2012.
ENLACE CON EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 09/10/2012 (2). Resolución de la Dirección General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones para gastos de seguridad, abonadas a formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2012.
BOE 1
BOE 2
Partido Popular
7.677.545,40
394.219,26
Partido Socialista Obrero Español
4.380.604,38
224.931,09
Convergència i Unió
37.541,85
   Convergencia Democrática de Catalunya
548.354,52
 
   Unió Democrática de Catalunya
548.354,28
 
Partit dels Socialistes de Catalunya
655.734,09
33.670,02
Partido Popular-Partido Aragonés
 
   Partido Popular
214.489,05
11.013,39
   Partido Aragonés
71.496,36
3.671,13
Izquierda Unida (La Izquierda Plural)
738.980,07
37.944,45
Amaiur
267.933,99
13.757,61
Unión Progreso y Democracia
618.887,70
31.778,04
Partido Nacionalista Vasco
231.749,43
11.899,65
Esquerra Republicana de Catalunya
168.546,75
8.654,37
Iniciativa Per Catalunya-Verds (La Izquierda Plural)
179.498,94
9.216,75
Bloque Nacionalista Galego
118.374,90
6.078,21
Coalición Canaria (Cc-Pnc-Nc)
99.391,17
5.103,45
Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular
91.181,88
4.681,92
Bloc Iniciativa Verds Equo Coalicio Compromis (Compromis Q)
74.924,10
3.847,14
Foro de Ciudadanos
62.711,55
3.220,0
Izquierda Unida-Chunta Aragonesista (La Izquierda Plural)
 
      Izquierda Unida
15.334,65
787,38
      Chunta Aragonesista
35.780,85
1.837,26
Geroa Bai
35.737,41
1.835,01
TOTAL
 16.835.611,47  
845.688,03

Estas cantidades son entregadas a los partidos políticos con representación en el Congreso…cada 3 meses.

17.681.299,50 €. Puntuales…y sin recortes!!!

Publicado por:LO QUE NO LEEMOS EN LOS BOLETINES Y PUBLICACIONES OFICIALES ESPAÑOLAS.

http://dinerospublicos.blogspot.com.es/2012/10/lo-que-se-reparten-nuestros-partidos.html

LA DOBLE MORAL DE LOS SINDICATOS CCOO Y UGT

LA DOBLE MORAL DE UGT Y CC OO

Los sindicatos calientan el 14-N tras despedir a 646 trabajadores

«Van a la huelga mientras nos aplican la reforma laboral», denuncian los afectados. «Nos han robado; no son de fiar. ¿Cómo vas a ir a una huelga con esta gente?», añaden

 Noviembre 12 – – H. Montero

MADRID- «El 14-N va a tener muy poco seguimiento porque los sindicatos no generan más que desconfianza, incluso entre quienes estamos en contra de la reforma laboral y de las medidas del Gobierno». Quien está detrás de estas declaraciones es un sindicalista con décadas de militancia y uno de los trabajadores de la Fundación Formación y Empleo (Forem) de Castilla y León, vinculada a CC OO. «Sus líderes y se han convertido en profesionales de esto. Ya lo sabéis», añade.

La identidad de este veterano de CC OO queda en el anonimato por su expreso deseo y porque Forem ha vivido un ERE en Castilla y León que se ha llevado por delante al 25% de su plantilla. Un total de 25 trabajadores de administración y personal de limpieza, de los 100 que conforman la plantilla de esta fundación, se vieron forzados a abandonar sus puestos de trabajo en mayo. A cambio recibieron lo mínimo. Así lo denuncian a este diario varios de sus trabajadores.

Futuras pérdidas
«El 31 de marzo hubo una huelga general contra la reforma laboral. Un mes después, nuestra empresa, un sindicato, nos informó de que habría un ERE de extinción de 25 contratos y una reducción de jornada del 70% para el resto de la plantilla. No hubo negociación. Alegaron pérdidas futuras, por la caída de las subvenciones, una de las modificaciones que introduce la reforma laboral, y nos ofrecieron 20 días por año trabajado», afirma María, una de las afectadas por los despidos. «Jamás pensé que nos iban a aplicar la reforma laboral a rajatabla, la misma contra la que organizan huelgas. ¿Cómo vas a pensar que tu sindicato te trate peor que una empresa privada o se comporte como la patronal? Nos han robado, así de claro», añade María, nombre figurado pues también quiere preservar su identidad «por si acaso».

El miedo queda patente entre quienes se atreven a airear el comportamiento del sindicato que preside Ignacio Fernández Toxo. «Son muy rencorosos», coinciden la mayoría de los trabajadores consultados. La indemnización que recibió María, tras nueve años trabajando en uno de los centros de Forem en Castilla y León, fue de 6.800 euros. «Me han birlado casi 10.000 euros al aplicarme la reforma laboral. ¿Cómo vas a ir a una huelga general con esta gente? No son de fiar», concluye. María asegura que una de sus compañeras, afectada también por el ERE, fue a pedir ayuda al sindicato y recibió la siguiente explicación de la central: «Hemos comido muy bien durante las vacas gordas y ahora tocan las flacas». Nadie de la directiva de Forem en Valladolid se dignó a despedirse de los 25 sacrificados.

«Es lamentable lo que está pasando. Estamos perdiendo derechos laborales a marchas forzadas y los primeros en aprovecharse de la reforma laboral son los propios sindicatos. Es denigrante. Normal que no pare de caer la afiliación sindical», añade otro empleado de Forem en la comunidad castellano-leonesa. Según las cifras recabadas,301 trabajadores de Comisiones Obreras de han visto afectados por los sucesivos ERE aplicados desde 2011. En el caso de UGT han sido 345.

La misma situación que en Castilla y León se vivió en Galicia, donde CC OO,  que critica que la reforma facilita el despido libre y que es anticonstitucional, aplicó sin miramientos la misma ley para despedir mediante un ERE a 26 trabajadores, también de Forem. Como en el precedente, el sindicato de Toxo aplicó la nueva normativa argumentando pérdidas futuras y ofreció el mínimo, 20 días por año trabajado, a los empleados afectados. María Díaz, uno de los cinco delegados sindicales que «negoció» las condiciones y que finalmente quedó incluida en el ERE, denunció recientemente a LA RAZÓN que los dirigentes de CC OO y el equipo negociador de Forem se comportaron «como verdaderos cerdos».

Desde la central, se defienden argumentando que no pueden hacer nada y que no están aplicando la reforma laboral. «No es cierto. Se está aplicando el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores», asegura a este periódico Javier Fernández, secretario de Formación y Empleo de CC OO-Canarias. «Se ha cerrado un ERE que afecta a unas 25 personas de la plantilla por la fuerte caída de ingresos que nos dejado sin fondos para 2012-2013 dos proyectos vinculados al 75% a los fondos públicos», añade. Pero la amenaza de más ERE sigue latente. Según admite Fernández, el 31 de diciembre se acaba el proyecto NOA –orientado a menores– y la falta de fondos «hará inevitable otro ERE». «Es el único camino que nos queda», asegura.

Poca iniciativa
Sin embargo, no opina lo mismo el comité de empresa de Forem Canarias, que acusa a la «empresa» de «no buscar alternativas» a los despidos y denuncia «coacciones» a miembros del comité y expone sus dudas «de la buena fe de la empresa». El comité desmonta las justificaciones del ERE que plantea la empresa. Así, y pese a la precaria situación financiera, los trabajadores dicen que se han seguido alquilando locales, «con los consiguientes anticipos por depósitos», y que el aumento de gastos de personal no está vinculado al salario de los trabajadores, «con el sueldo congelado desde hace tres años», sino a que se han subido los complementos y se ha seguido contratando personal. Además, denuncian que los gastos de arrendamientos y mantenimiento de inmuebles y equipos se «multiplican por tres desde 2008 a 2010» mientras las dietas, viajes y gastos lo hacen por seis. Por su parte, según el informe de negociación del RLT –Representación Legal de los Trabajadores– presente en la negociación del ERE, los gastos de asesoramiento crecieron un 400% en esos años con la paradoja de que «el dueño de las empresas a las cuáles se están externalizando los servicios, que antes hacía el personal de Forem es el responsable de las negociaciones con la RLT sobre un ERE. «En ningún caso se analizan medidas de ahorro», remarcan.
«Y lo peor está por llegar. Después del Congreso Confederal de CC OO de finales de febrero todo apunta a que la oleada de ERE’s será mayor y aplicarán la reforma laboral con puntos y comas a sus trabajadores mientras denuncian ante los medios que se facilita el despido libre», concluye María Díaz.

El negocio de los ERE
Los trabajadores de las empresas afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pagan por los servicios de asesoría de cualquier sindicato una cantidad que varía entre los 100 y los 400 euros. Las centrales cobran también a cada afectado por este proceso entre un 10% y un 15% de la cantidad que obtiene como indemnización por encima de los 20 días por año trabajado. Con estos datos, las asesorías jurídicas sindicales se embolsan entre 100.000 y 300.000 euros por un ERE tipo. Esto supone unos 80 millones de euros de media anual por estos conceptos, según las estimaciones realizadas por varios bufetes de abogados.

Artículo publicado en LA RAZON.ES

HUELGA DEL 14N Y REUNIÓN DEL COMITE.

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Mientras en España se producen ajustes y recortes para los ciudadanos los políticos siguen despilfarrando

Mientras en España se producen ajustes y recortes para los ciudadanos los políticos siguen despilfarrando 

Por Javier Fonseca

Javier Fonseca. 03.07.12.

En la Junta de Andalucía de José Antonio Griñán todo funciona como siempre, y la crisis afecta a los andaluces que sufren recortes y ajustes, pero no afecta a las políticas de subvenciones a diestro y siniestro de las que siempre ha hecho gala esta Comundidad Autónoma. Los sindicatos CC.OO y UGT recibieron sólo en el cuarto trimestre de 2012 la cantidad de casi 2 millones de euros (1.995.986,83 € exactamente) para 13 proyectos de fortalecimiento de las estructuras sindicales o cursos de formación para la gestión sindical en sindicatos de países como Venezuela, Guinea Bissau, Marruecos, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador o Colombia.  Las subvenciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 16 de abril de 2012 y corresponden a las subvenciones de carácter excepcional concedidas durante el cuarto trimerstre de 2011 por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, organismo dependiente de la Junta de Andalucía. 

Subvenciones de muy difícil comprobación

Antonio Gómez Angulo, miembro de la junta directiva del Foro para el Fomento del Asociacionismo en Andalucía, ha señalado a Diario El Aguijón que estos proyectos son considerados por los expertos como de muy difícil comprobación de si realmente se han realizo dado que son cursos formativos y no una obra o proyecto que permanezca en el tiempo, “que es algo más tangible”. En estos casos “las memorias justificativas de la subvención suelen llevar fotografías de alguna de las aulas o de las actividades desarrolladas pero es muy difícil comprobar, sobre todo cuando están realizadas a miles de kilómetros, si esas fotografías se hicieron todas en un día cuando a lo mejor lo que se está subvencionando es un curso de tres meses, o si quienes aparecen en ellas son realmente estudiantes y no figurantes que han cobrado por posar como se ha sabido otras veces”. Según Gómez Angulo es en estos proyectos en los que más fraude suele existir, aunque no recalca que “no tengo razones personales para dudar de la honorabilidad de quienes ejecutan esos proyectos”.

Otras partidas controvertidas de subvencionar en tiempos de crisis.

No son sólo las partidas que reciben los sindicatos las que resultan controvertidas dada la situación de grave crisis económica por la que atraviesa España. Resulta paradójico y sin duda alguna discutible si es prioritario que mientras en España se recortan y endurecen el acceso a becas y se suben las tasas universitarias, se subvencione con 37.500 y 38.622 euros un plan de la Universidad de Granada para reforzar la formación del  «Centre Technologique en Mecatronique» de la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad Mohamed I de Oujda, en Marruecos. O que mientras en España se realizan recortes y repagos en materia sanitaria se subvencione con 206.492 euros un Curso de Experto en Salud Sexual y Reproductiva en Senegal. O que mientras los municipios españoles tienen graves problemas de liquidez para pagar las nóminas de su personal y proveedores se destinen 110.953, 17 euros al “Fortalecimiento del desarrollo rural y ordenamiento territorial en el Ecuador en la provincia de El Carchi y de El Oro” y 239.323,01 euros a un programa de apoyo a municipios en el norte de Marruecos. O que mientras se sube el recibo del agua en nuestro país se destinen 211.796,15  euros al “mejoramiento de la red de distribución y gestión del agua en Pinar del Río y Holguín en Cuba”  y otras 102.905,17 euros al mismo fin en Mauritania. Otras partidas son sencillamente inexplicables de saber a qué van destinadas dado el título que recogen, como la que señala “Red de investigación, capacitación y apoyo a experiencias locales de Bolivia y Cuba en transición agroecológica hacia la soberanía alimentaria”, que recibió de la Junta de Andalucía 119.800 euros.

Publicado en el diarioelaguijon digital

Este es el enlace: http://www.diarioelaguijon.com/noticia/2949/LOS-AGUIJONAZOS/La-Junta-de-Andalucia-continua-su-despilfarro-y-paga-2-millones-a-CC.OO-y-UGT-para-formar-sindicatos-en-America-o-Guinea-Bissau.html

Acabemos con la corrupción, allá donde se instale

*Augusto González es escritor y presidente de la Liga Anticorrupción

*Por Augusto González González

La corrupción es un problema sistémico que se ha extendido por toda España y que genera el despilfarro y la mala utilización del dinero público. Nuestra clase política, la que debiera representarnos en las instituciones, ya ha olvidado lo que significa el concepto de servicio público, e incluso muchos se presentan señalando a la política como una profesión, lo que les distancia gravemente del resto de la sociedad. Lamentablemente una gran parte de la ciudadanía española se siente apartada y discriminada por los políticos cuya función tendría que ser representarnos en esas instituciones, y que por el contrario no hacen sino representarse a sí mismos y a sus partidos. Esa dependencia de los partidos se produce puesto que son estos los que reparten cargos y puestos en listas electorales a quienes se han dedicado a hacer carrera interna en los partidos, olvidando a los ciudadanos que han depositado su voto de confianza para que ‘en nuestra representación’ puedan dirigir y gobernar la Nación. En consecuencia, esa dependencia genera a su vez una cadena de trato de favores de los políticos y los partidos hacia militantes y simpatizantes con los que poder conservar el electorado que le vota en cada comicio. En esta red clientelar está en gran parte el despilfarro del dinero público, puesto que los favores deben pagarse, y en base a esa relación incestuosa reside una parte de la financiación partidista oculta e incluso, la designación de cada vez más cargos públicos cubiertos por correligionarios, colegas y familiares a través de la que los partidos políticos han ido ampliando su base social. Todo ello se ha ido realizando con la coartada de la descentralización administrativa basada en el modelo autonómico, y que enla Transiciónno se pensó que fuera a degenerar en miles de organismos y empresas sostenidas con el dinero de los contribuyentes hasta llegar a la multiplicidad de un Estado que está manteniendo a 445.000 políticos, lo que constituye una de las causas fundamentales de la situación insostenible que hoy día estamos sufriendo.

En España hay dos clases sociales distintas y confrontadas: Por una parte está la clase política privilegiada y generada al calor de la mala interpretación de los partidos, que vive instalada en el hermetismo del poder, y cuyas ramificaciones crecen interrelacionadas por colegas, familiares y hasta socios de negocios personales de los políticos de turno. Por otra está el resto de la ciudadanía y en especial la clase media y trabajadora, que es quien está sosteniendo y pagando los platos que otros rompieron.

Hoy día ya no necesitamos hombres y mujeres de partido, sino que el tiempo político marca la necesidad de que tomen las riendas hombres y mujeres de Estado que sepan sacrificarse por y para los ciudadanos y que tengan un auténtico concepto de servicio público al que dedicarse durante un tiempo determinado. Estos deben ser lo suficientemente cualificados y capacitados como para poder dirigir una Nación, sin querer hacer de la política una profesión, sino que este servicio público debe ser una vocación con la que poder enorgullecerse dados los servicios prestados a la ciudadanía.

La idea original de una descentralización del Estado en que se apoyóla Transiciónde avanzar hacia un modelo autonómico coordinado, eficiente y efectivo, identificándo con la ciudadanía de todo el territorio español y un proyecto de vida en común, ha ido degenerando y tergiversándose hacia una multiplicación ilógica de las diferentes administraciones públicas, así como en la creación de espacios de opacidad y de falta de control ciudadano. Esto ha creado una descoordinación y superposición de funciones que ha permitido colocar en la administración a toda esa pléyade de correligionarios que son controlados por los partidos políticos con mayor representación en cada una de las distintas autonomías y municipios, creando esos espacios opacos que generan el despilfarro del dinero público y la corrupción. Los partidos pretenden, y de momento consiguen, que las cuentas públicas no estén controladas por los ciudadanos, para así poder hacer con el dinero de todos, lo que más convenga a cada momento a su entorno y a su red clientelar, de ahí que se sigan recortando los recursos e ingresos de todos, con tal de que ellos no vean afectado su nivel y calidad de vida.La Leyde Transparencia  debería de modificarse por no ser igual para todos, ya que deja fuera a casi el 50% del presupuesto manejado por entidades fuera de ese control, sin que los ciudadanos podamos saber en qué y cómo se gastan el dinero público, el dinero que aportamos todos los españoles. Si queremos que cambie el sistema para poder luchar contra la corrupción y los corruptos, el conjunto del Estado español debe de ser transparente e íntegro en sus cuentas. Sólo así podremos afrontar nuestro destino con solvencia.

También hay que decir que los órganos competentes que debieran controlar los gastos de los partidos y las administraciones, así como las gestiones de la clase política, tendrían que ser completamente independientes y ajenos al conjunto del poder partitocrático, que es quien designa en la actualidad a esos “controladores”, reproduciéndose el refrán de la zorra guardando las gallinas. Hay que lograr garantizar la independencia de estos órganos institucionales, comenzando por aplicar los acuerdos internacionales estipulados contra la corrupción y que España incumple pese a haberlos rubricado.

Un grupo importante de ciudadanos nos hemos unido y constituidola Liga Anticorrupciónpara luchar desde ella contra los corruptos y la corrupción allá donde se instalen quienes quieran defraudar a España y a los españoles. Esto no es cuestión de un partido u otro, porque a todos les afecta. Es un problema sistémico. Si hay opacidad en las instituciones, habrá despilfarro y corrupción; si hay opacidad en la opinión pública, no habrá garantía de libertad de expresión.

Hoy más que nunca debemos permanecer unidos porque los auténticos protagonistas somos los ciudadanos que sufrimos la crisis en todas las modalidades de nuestra vida social, económica y personal. Debemos pedir responsabilidades a quienes con sus malas gestiones y medidas injustas juegan con nuestras vidas y destinos. Ahora somos nosotros los que tenemos que recuperar el mando de nuestro destino, y ganar así de nuevo ante el mundo la credibilidad que España y los españoles nunca debió perder.  Las puertas están abiertas para todos los que quieran sumarse, con el compromiso serio y certero de que todos juntos acabaremos con la lacra de la corrupción y el despilfarro, sea cual sea su modalidad y el lugar en que se encuentre. La impunidad tiene que terminar, y esta alta tarea moral es a la que están llamados todos cuantos quieran legar a sus hijos, un futuro mejor que el que nos legaron nuestros padres. En nuestras manos está la solución.

Publicado en el diarioelaguijon  digital

Este es el enlace: http://www.diarioelaguijon.com/noticia.asp?ref=4211

CCOO ULTIMA UN ERE EN ANDALUCIA!!

CC.OO. ultima un ERE en Andalucía, pero solo lo comunicará tras la huelga del 14-N

Planea indemnizar a los despedidos con 20 días por año trabajado, en virtud de la reforma laboral que combate

E. Freire / sevilla
Día 25/10/2012 – 05.40h
CC.OO. ultima un ERE en Andalucía, pero solo lo comunicará tras la huelga del 14-N

rocío ruz
Francisco Carbonero, secretario general de CC.OO en Andalucía

Comisiones Obreras de Andalucía (CC.OO.-A) se sumará también a los ajustes de plantilla, como ya ha hecho UGT en la comunidad autónoma, acuciada por el desplome de las subvenciones, la morosidad de la Junta en los pagos de los cursos de formación y la bajada en picado de los ingresos por cuotas. Según ha podido saber ABC de fuentes sindicales y de la Junta de Andalucía, la organización que dirige Francisco Carbonero está preparando un expediente de regulación de empleo (ERE) para todas sus organizaciones territoriales, si bien la medida no se comunicará oficialmente por ahora. La huelga general del próximo 14 de noviembre es un elemento que pospone esta decisión, que debilitaría su fuerza en la calle.

Según ha podido saber ABC, en determinadas estructuras se baraja aplicar despidos con indemnizaciones de 20 días por año trabajado, acogiéndose a la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Un factor que complica el ajuste es la falta de fondos para financiar la regulación de empleo, en unas provincias más que en otras. En Málaga y Córdoba ya se están madurando los planes de ajuste, así como en Sevilla.

«Cuando tengamos que hablar de ello, hablaremos», han manifestado fuentes oficiales del sindicato consultadas por ABC sobre la presentación de un ERE a nivel regional. «Ahora mismo, ninguna organización ni empresa puede descartar nada», añadieron las fuentes, que rehusaron dar más explicaciones o detalles, e insistieron en que «cuando llegue el momento se hablará» del asunto.

Reestructuración más profunda

Por otro lado, otras fuentes han señalado que UGT podría estar preparando una reestructuración de personal aún más importante que la que tiene en marcha. El sindicato que dirige Manuel Pastrana está negociando reducciones salariales de hasta el 50% y el 60% en el sindicato provincial de Sevilla y rescindiendo contratos de fomento de empleo con indemnizaciones de 20 días con un máximo de 12 mensualidades, según han denunciado afectados. El pasado septiembre, una treintena de delegados de UGT de toda Andalucía se concentraron ante la sede regional del sindicato en Sevilla, para rechazar el plan de ajuste económico que presentó la organización. Unos 100 trabajadores de toda Andalucía estaban afectados por el ajuste de jornada y salario.

Los propios trabajadores de la sección sindical de UGT presentaron una contrapropuesta: aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de cinco meses para el centenar de empleados con el que estimaron que «el sindicato se ahorraría 1.350.000 euros». Asimismo, once trabajadores de la Fundación Esculapio, creada por UGT de Andalucía hace 25 años, están actualmente sujetas a un ERTE.

Pero los sindicatos mayoritarios no sólo están adelgazando sus costes laborales en Andalucía. En Extremadura, tanto UGT como CC.OO. tienen en marcha sendos ERTE que concluyen a final de año. En este caso aducen la reducción de cuotas como causa de estos recortes. Asimismo, UGT de Castilla-LaMancha presentó otra regulación temporal de empleo para más de treinta personas. Seguramente, ni en sus peores pesadillas, los líderes sindicales se habrían imaginado que algún día iban a tener que cruzar al otro lado y ponerse en la tesitura de un empresario que tiene que recortar personal. Sin embargo, la crisis y los recortes no dejan indemne a nadie. Ahora, las pancartas las están desplegando a las puertas del sindicato sus propios trabajadores, como es el caso de UGT de Andalucía, que ya hace un año que empezó a plantear ajustes laborales.

Muy dependientes en Andalucía de la Administración autonómica socialista, con la que caminan de la mano desde hace décadas a través de los acuerdos de concertación, UGT y CC.OO. —y también la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),— se están viendo afectados, como otros muchos colectivos, por la morosidad de la Junta y la austeridad presupuestaria. La bajada de cuotas de afiliados después de cinco años de crisis, también descuadra sus cuentas.

Publicado enABC edición digital

Este es el enlace: http://www.abc.es/20121025/economia/abci-comisiones-sevilla-201210242109.html

Anticorrupción apunta al papel de Garrigues y Villasís en el fraude de los ERE

 

 Anticorrupción apunta al papel de Garrigues y Villasís en el fraude de los ERE

Las fiscalía pide a la juez Mercedes Alaya que solicite a ambos bufetes datos sobre su relación de asesoramiento con la consejería de Empleo, agencias públicas, empresas, trabajadores y asociaciones de trabajadores implicadas en el escándalo entre 2001 y 2011.

La fiscalía Anticorrupción quiere conocer mejor la implicación de los despachos de abogados Garrigues y Estudio Jurídico Villasís en el macroescándalo de los ERE fraudulentos, el mayor caso de malversación de fondos públicos de la historia democrática de Andalucía. Para ello, ha solicitado a la juez Alaya que ambos aporten “justificación documental de todos los asesoramientos técnicos/jurídicos prestados y facturados a empresas o asociaciones en relación con las ayudas solicitadas y/o recibidas de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, ayudas con destino a empresas en crisis o sujetas a expedientes de regulación de empleo o planes de prejubilación parcial desde 2001 a 2011, así como a sus trabajadores”.

El fiscal solicita a la juez que ambos despachos “aporten, en su caso, copia de los contratos de asesoramiento, facturas emitidas y cobradas e identidad del pagador, así como identidad de los asesores de los despachos en cada caso intervinientes“.

“Con la misma finalidad”, pide que la Agencia Tributaria elabore un informe “sobre operaciones declaradas por las sociedades y despachos de letrados reseñados con otras sociedades y entidades que hayan sido beneficiarias de los fondos públicos objeto de investigación, sociedades mediadoras -en particular Vitalia Vida y Uniter– y compañías de seguros que hayan formalizado pólizas objeto de investigación, así como a la propia Junta de Andalucía y entidades y agencias públicas dependientes de la misma”.

Relación con el fondo de reptiles

El denominado fondo de reptiles por la persona que lo administró entre su nacimiento en 2001 y hasta 2008, el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero, utilizó más de 700 millones durante esos años -y al menos hasta 2010- para subvencionar expedientes de regulación de empleo y ayudas a empresas en dificultades. Alrededor de 60 millones se destinaron a ese segundo fin.

Guerrero ya declaró a la Guardia Civil que Garrigues asesoraba en materia laboral a la consejería de Empleo desde 1999 y apuntó a que el convenio firmado entre esta consejería y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, hoy Idea) en 2001 para poner en marcha ese fondo de reptiles se redactó también con apoyo de este bufete. Garrigues cuenta en Sevilla con un importante número de abogados laboralistas cuyo prestigio es conocido en toda España.

Tanto este bufete como el sevillano Villasís tienen, respectivamente, a dos abogados imputados en relación a la investigación sobre sendos ERE, en los que se han detectado a personas que cobraron prejubilaciones sin haber trabajado nunca en las empresas que los presentaban. En el caso de Garrigues, se trata de dos abogados, uno de ellos socio del despacho, por el ERE de la aceitunera sevillana Acyco, en el que llegaron a pedir a través de esta firma una ayuda pública de la Junta para pagarse su propia minuta de 110.000 euros, según el auto de la juez Alaya del pasado 27 de enero. En cuanto a Villasís, está imputado su fundador -Carlos Leal Bonmatí- y otro empleado del despacho por el ERE de Surcolor.

Anticorrupción ha pedido también a la juez que llame a declarar a esos cuatro abogados, junto a otros cargos de CCOO; aseguradoras; y empresas que se acogieron a esos ERE.

Petición de declaraciones

Junto a esa amplia solicitud de información cara a los abogados, Anticorrupción también solicita, por segunda vez en las últimas semanas, que declaren cuanto antes para poder avanzar en la investigación el actual director general de Empleo de la Junta, Daniel Alberto Rivera, el primer cargo del actual Gobierno andaluz imputado en la causa; y su antecesor, que ocupó el cargo justo después de Guerrero, Juan Márquez.

La juez de los ERE apunta a Griñán e imputa a su director de Empleo.

Sánchez Gordillo y el SAT ocupan una finca pública en Osuna

Sánchez Gordillo y el SAT ocupan una finca pública en Osuna

El diputado autonómico de IULV-CA y Diego Cañamero, junto a cientos de jornaleros, se instalan en la finca de Las Turquillas para reclamar una “explotación a manos de cooperativas de trabajadores”.

europa press, osuna (sevilla) | Actualizado 24.07.2012 – 13:59

Cientos de jornaleros, más de medio millar según el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), han ocupado en la mañana de este martes la finca Las Turquillas, un terreno de 1.200 hectáreas propiedad del Ministerio de Defensa situado entre los términos municipales de Osuna, Écija y La Lantejuela; para reclamar que su explotación pase a manos de cooperativas de trabajadores. 

Según ha explicado el secretario general del SAT, Diego Cañamero, pasadas las 11:00 de este martes se han adentrado en la finca centenares de personas, entre las que se encuentran el diputado autonómico de IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo, así como otros ediles de municipios sevillanos y diputados provinciales, con la intención de permanecer en la misma de forma definitiva.

Cañamero ha argumentado que actualmente sólo se está aprovechando “una mínima parte” de toda esta extensión de terreno para la cría de yeguas -el Ayuntamiento del Saucejo apuntaba que únicamente 300 hectáreas están cedidas al Ayuntamiento de Osuna para la explotación agrícola-, cuando la tierra ofrece muchas posibilidades en una “comarca deprimida económicamente, con un 40% de paro”, como por ejemplo, medio ambiental, formación y turismo rural. De este modo, el SAT busca repetir la misma operación que la realizada en la finca de Somonte, perteneciente a la Junta de Andalucía situada entre Palma del Río (Córdoba) y La Campana (Sevilla), que lleva más de cuatro meses ocupada por jornaleros a instancia de este sindicato para evitar su venta a “grandes terratenientes y propietarios privados”. 

Y es que el que fuese alcalde de El Coronil ha asegurado que seguirán promoviendo acciones de este tipo en terrenos de titularidad pública, puesto que “las tierras no pueden servir para que cuatro terratenientes reciban ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), hay que ponerlas en producción para dar riqueza al pueblo, más aún cuando está tan asolado por el desempleo”.  A su llegada a la finca, los jornaleros se han encontrado con la presencia de agentes de la Guardia Civil y policías, aunque Cañamero ha destacado que no se han producido incidentes ni enfrentamientos por el momento.

Hoy se manifestaron los trabajadores de CLAROS SCA en Motril para demandar los sueldos que les adeudan

Hoy se manifestaron los trabajadores de CLAROS SCA en Motril para demandar los sueldos que les adeudan

Publicado: 23/07/2012 05:44 por Motril@Digital en Noticias

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En la mañana de hoy  ha tenido lugar la concentración que convocaba la sección sindical del SAT en Claros SCA, en la calle Miguel de Cervantes de Motril, han asistido numerosos trabajadores/as, familiares y diferentes medios de comunicación,han sido atendidos por la delegada del SAT Elisabeth Estevez Martín, así como por parte de Francisco Cabrerizo Salmerón responsable de acción sindical en Granada. 

 Transcurrida una semana desde la ultima movilización,la empresa, sigue sin pagar a los trabajadores los 2 meses y la paga extra que les adeuda, amparándose en que el ayuntamiento no les paga, desde el consistorio se desmiente esta versión, mientras 74 familias siguen en medio de este conflicto, desde el SAT se solicito la pasada semana una reunión de urgencia con Angeles López Cano concejal de Asuntos Sociales del ayuntamiento de Motril.

En los próximos días habrá mas movilizaciones, ya que este sindicato siempre esta a pie de tajo según señala el sindicato.