Archivo mensual: febrero 2013

LA JUNTA PAGA A MILES DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PARALELA QUE NO PUEDEN TRABAJAR POR SENTENCIAS JUDICIALES

La Junta paga a miles de trabajadores de la administración paralela que no pueden trabajar por sentencias judiciales

  • Lunes, 18 de Febrero de 2013
Es el caos al que ha conducido el gobierno Griñán a la administración andaluza por su empeño en dejar “colocados” a todos los empleados de las empresas, fundaciones y entes públicos dentro de la estructura administrativa de la Junta de Andalucía. Los funcionarios y empleados públicos se opusieron a ello, al “decretazo del enchufismo”, como fue llamado y recurrieron a los tribunales con su dinero. Estos han emitido decenas de sentencias que paralizan las nuevas agencias creadas por el gobierno Griñán para incluir a tales trabajadores que ahora cobran sin saberse muy bien qué es lo que hacen dentro de la Junta. El bufete responsable de la mayor parte de los recursos, el de Mariano Aguayo, afirma que muchos de los 25.000 trabajadores “colocados” pueden estar cobrando sin trabajar.

En una entrevista en El Mundo, dice Aguayo que “hoy hay unos 25.000 personas de empresas públicas de la Junta que funcionaban en régimen de Derecho privado, que se han integrado como ‘empleados públicos’ y que cobran directamente de la Administración autonómica. Eso es lo que se ha conocido como el decretazo, una reorganización de la Junta de abril de 2011. Hasta entonces, muchas de las funciones que tendría que haber cubierto la Junta la hacían empresas que no se regían por el Derecho Administrativo: contrataban a quienes querían disponiendo de recursos sin los controles que se exige a la Administración. Y ahora, esa gente que entró sin oposición ni concurso público, ni teniendo en cuenta los principios básicos de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, entran en el paraguas de la Junta.”

Y poco más adelante añade: “Ya hay querellas criminales para denunciar que los por ellos llamados enchufados están haciendo funciones que la ley reserva a la función pública, como en el caso delcontrol y de la gestión de las ayudas europeas o las inspecciones ganaderas. A esto hay que darle una solución en el corto plazo. Además, el ciudadano tiene que saber que ahora mismo estamos pagando a gente que está mano sobre mano en el trabajo, ante el caos. Se les ha catalogado como «asimilados o personal integrado », pero esa figura está fuera de la ley.

La Junta de Griñán “pasa” de las sentencias judiciales 

Han pasado dos años de la Ley de Reordenación del Sector Público, conocida también como «ley del enchufismo», que motivó la sublevación de los funcionarios y empleados de la Junta de Andalucía porque equiparaba a quienes accedían al puesto público mediante pruebas exigentes y regladas de quienes habían accedido a puestos en empresas públicas sin requisitos previos, sin pubblicidad ni pruebas regladas.

Desde entonces, recuerda ABC, decenas de sentencias de juzgados de lo Contencioso y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han puesto de manifiesto que los miles de trabajadores contratados como laborales –sin oposiciones– en la «admnistración paralela», legalmente no pueden pasar a unas agencias de nueva creación con las mismas condiciones que los empleados públicos de carrera.

Pero a pesar de las sentencias, José Antonio Griñán no les hace caso ni las obedece y mantiene a miles de trabajadores  en un «limbo» desde el punto de vista laboral.
No pueden ser empleados públicos y no pueden volver a sus antiguas funciones en los entes y empresas públicas porque han sido extinguidos por orden de la Junta de Andalucía.

Esto conduce a situaciones kafkianas como es la que se deriva de la integración del personal del viejo ente Desarrollo Agrario y Pesquero de la Junta de Andalucía, DAPSA en la nueva Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sentencia  firme contra la que no cabe recurso. 

Pero la Junta dice que la sentencia no impide a mantener el proceso del traspaso de los trabajadores de un ente a otro, a través de la denominada «sucesión de empresas», un mecanismo legal amparado por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.Pero en la misma sentencia puede leerse: «Nada que objetar, desde luego, a la sucesión de empresas del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que obliga a la Agencia a subrogarse en derechos y obligaciones en los contratos de trabajo, pero una cosa es la subrogación empresarial de las normas laborales –recoge la sentencia– y otra bien distinta la integración, con las consecuencias legales apuntadas, que convierte a este personal automáticamente en personal laboral de la Agencia con acceso directo a la Administración instrumental de la Junta de Andalucía con atribución de potestades y funciones públicas».

Esto es,  la Junta no puede convertir al personal procedente de una empresa pública o de una fundación en empleado público, pero lo sigue intentando dejando a la Administración andaluza en buena medida paralizada porque no se sabe qué trabajo desempeñan los miles de trabajadores procedentes de las empresas públicas en las agencias cuando las sentencias paralizan las decisiones de la Junta.
Artículo publicado por POR ANDALUCÍA LIBRE
Revista Digital Crítica

EL SECRETARIO DE FINANZAS DE CCOO ANDALUCÍA MALGASTÓ UNA SUBVENCIÓN DE UN MILLÓN DE EUROS EN VIAJES Y MANIFESTACIONES

El secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía malgastó una subvencion de un millón de euros en viajes y manifestaciones

 

Un juez de Sevilla tomará declaración el próximo jueves, como imputados, a una ex directora general de la Junta y al secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, acusados de malversación, prevaricación y falsedad en unas ayudas de la Junta que fueron destinadas a fines distintos a los concedidos, según informa El Mundo.

El juez de instrucción 16, Juan Gutiérrez Casillas, ha citado como imputados a Miguel Ángel Soto Cubero, secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, y a Esther Azorit Jiménez, ex directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla denunció a Azorit y Soto porque, presuntamente, CCOO justificó dentro de unas partidas para sensibilización de riesgos laborales, los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.

Tras conocer la denuncia, CCOO depositó en el juzgado 20.383 euros, cantidad en la que cifra el error producido al justificar las subvenciones de la Junta, aunque el juez ha encargado un informe pericial sobre el presunto menoscabo de fondos públicos en dos subvenciones que totalizan un millón de euros.

Se trata de una ayuda de 600.000 euros para “el desarrollo de un plan de actividades divulgativas sobre prevención de riesgos laborales” y otra de 400.000 para un programa de mejora de las condiciones de trabajo en Andalucía.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla califica los hechos como presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.

 

Artículo publicado en alertadigital.com

EJEMPLO DE ACTIVIDAD FRENÉTICA POR AYUDAR, DESDE LAS EMPRESAS GUBERNAMENTALES UGT Y CCOO

Todo un ejemplo de actividad y lucha sin cuartel de estos personajes que pretenden liderar la lucha de la clase obrera. Quizás les están haciendo un retrato como los  que se hacen en el congreso a los que viven del pueblo sin saber del mismo. Pues como sea esto, nos va salir caro muy caro. Preguntemos al “señor” Bono que ese si sabe de despilfarrar el erario público.

Estos personajes representan lo que justamente es contrario, a los principios básicos y elementales de lo que no debe, ni en lo que no debe de convertirse un agente social… un representante de la clase trabajadora. Si eso, parásitos y holgazanes….

 

 

Imagen

COMUNICADO Nº 3 01/02/2013

28-01-13 comunicado nº3 convenio estatal_001

Imagen

COMUNICADO Nº 7 06/02/2013

Comunicado nº7 torras 6-02-12_001